La nueva oficina de asesoramiento de Diputación sobre ayudas a la vivienda está instalada en el Ayuntamiento

La Constitución Española, en su capítulo II, sección 1ª «De los derechos fundamentales y libertades públicas, reconoce en su artículo 33 a la propiedad privada como uno de estos». Asimismo, en el Capítulo III de los principios rectores de la política social y económica, en su artículo 47 establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Estos dos principios no deberían entrar en colisión, tal y como si se está produciendo desgraciadamente en los últimos años.

En efecto, el problema de la ocupación, tanto por la entrada ilegal en una vivienda propiedad de otra persona, o por ser inquilino y dejar de pagar la renta; se está incrementando significativamente, afectando actualmente a más de 80.000 propietarios y atentando directamente al derecho a la propiedad privada.

España es uno de los países donde tradicionalmente se ha intentado residir en una vivienda propia y no de alquiler y, en muchas ocasiones se han invertido los ahorros en otra vivienda, para obtener una renta adicional; sobre todo que complemente la reducción de rentas que suele provocar la jubilación.