La exalcaldesa de Alhama María Cánovas denuncia por difamación al PSOE

Estos días, en numerosas democracias consolidadas asistimos a ataques sin precedentes a la independencia judicial. Siendo conscientes de que no conviene relativizar los hechos del pasado con la 'reductio a Hitlerum', las declaraciones de muchos dirigentes políticos, en Estados Unidos, en Francia y también de forma clara y reiterada en nuestro país, parecen añorar y defender sistemas de 'justicia popular' como el que estuvo vigente en la Alemania nacionalsocialista, incompatibles con el modelo garantista del Estado de derecho.

Empezando por nuestro país, al hilo del 'caso Alves', la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero hizo unas declaraciones que resultan incompatibles con el desempeño de su cargo: textualmente dijo que la presunción de inocencia no puede prevalecer sobre la declaración de la víctima de un delito. Ello supone ignorar la vigencia del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

A ella se han sumado una serie de dirigentes de partidos de extrema izquierda que han proferido descalificaciones inaceptables sobre el tribunal respectivo (integrado por tres magistradas y un magistrado, de sensibilidad progresista más que acreditada con relación a la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de delitos sexuales).