La asesora de Begoña Gómez recurre su imputación porque el Supremo no vio malversación en su contratación

Según expone su abogado, no puede ser punible el hecho de que un funcionario de un órgano judicial realice o reciba una llamada personal en la secretaría del Juzgado, hacer un favor personal a otro miembro de la oficina judicial o transmitir a alguien un recado de parte de otro, ya que de ser así -asegura el escrito- «tendríamos motivos para incoar una buena macrocausa».

La defensa incide en que la decisión de Peinado es «contradictoria con la postura del Tribunal Supremo», que rechazó abrir causa al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la contratación de Álvarez por este mismo delito. «La firmeza sin concesiones mostrada por el Tribunal Supremo ante lo poco ortodoxo de la presente instrucción es la que pedimos, respetuosamente, a la Sala (de la Audiencia Provincial de Madrid) que resolverá el presente recurso», añade.

De igual forma, recalca que la imputación también «desobedece (otra vez) a la Audiencia Provincial», que «negó de manera expresa y tajante» que Álvarez «haya podido cometer el delito de malversación que ahora se le atribuye». Igualmente, incide en que Peinado «contradice» su propia postura, toda vez que descartó investigar a Álvarez y Gómez por malversación el día que imputó dicho delito al delegado del Gobierno en Madrid, Fernando Martín Aguirre, por los mismos hechos.