Miedo en el país de la libertad

Primero fueron a por los venezolanos. Las imágenes de cientos de presuntos delincuentes expulsados sumariamente de Estados Unidos sin asistencia letrada y sometidos a un trato degradante en una prisión de El Salvador son una exhibición de crueldad que tiene un solo objetivo: aterrorizar a millones de indocumentados que viven y trabajan en el país. Da igual que la medida pueda ser ilegal.

Para cuando eso se decida en un juzgado, el terror a salir a la calle habrá destruido muchas vidas. El estadounidense medio no va a defender los derechos de unos supuestos malhechores (el Gobierno no ha presentado pruebas de que lo sean), pero pronto la táctica del miedo como arma política le empezará a tocar más de cerca. Ya lo está haciendo.

El segundo gobierno de Donald Trump, limpio de funcionarios incómodos, está extendiendo esa misma estrategia a todos los órdenes sociales. A través de distintos decretos presidenciales, Trump pretende acabar con cualquier voz que contradiga su ideario político no solo en su Administración —donde ha eliminado todos los departamentos y puestos de trabajo relacionados con diversidad e inclusión— sino también en la sociedad. Empezó amenazando a las grandes empresas con perder contratos públicos y algunas claudicaron.