Los letrados del Congreso cuestionan la reforma del Reglamento para poner coto a los agitadores

En un informe técnico, al que ha tenido acceso este periódico, los servicios jurídicos del Congreso resaltan la importancia de que cualquier regulación respete el derecho a la libertad de información que ampara el artículo 53.1 de la Constitución y no suponga tampoco una vulneración de los estándares fijados para el mismo por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

«La presente proposición de reforma del Reglamento, al regular un régimen sancionador para los profesionales acreditados de medios de comunicación, supone una limitación del derecho a la libertad de información, por lo que es preciso valorar si concurren los requisitos para su legitimidad', reza el texto.

Los letrados avisan también de que cualquier sanción «debe hacerse por ley», además de responder al «principio de proporcionalidad». Consideran que la redacción «excesivamente abierta» de la propuesta actual podría llegar a generar cierta «inseguridad jurídica». De ahí que recomienden que la Mesa del Congreso, que preside Francina Armengol, precise los «posibles escenarios» en los que se requeriría una sanción y que vaya actualizando periódicamente «la forma de aplicar este precepto».