Los claroscuros del juicio al fiscal general

El futuro procesal del fiscal general del Estado ya está en manos de los siete jueces del Tribunal Supremo que le han juzgado por un delito de revelación de secretos, por el que le reclaman entre tres y seis años de cárcel, doce de inhabilitación y 400.000 euros de multa. En principio, se espera que la sentencia se dicte antes de Navidad, ya que técnicamente no es un asunto complejo.

La ponente será Susana Polo, una de las dos magistradas de sensibilidad progresistas. Si en las deliberaciones no estuviera de acuerdo con la mayoría o si su borrador de sentencia no concita los apoyos suficientes (cuatro de los siete togados), lo normal es que el fallo sea escrito por otro compañero.

Para alcanzar esta meta, la sala ha presenciado la práctica de la prueba durantre seis sesiones, por las que pasaron 30 testigos y once peritos de la Guardia Civil. Un juicio que ha dejado tensiones entre instituciones del Estado, el poder político y la prensa. Algunos interrogantes planteados en fase de instrucción han sido aclarados.