La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad amplía derechos y agiliza los trámites

Entre los derechos que se incluyen por primera vez están que el beneficiario pueda quedarse en su «entorno» para recibir las prestaciones, que decida cuáles quiere, que no se le administre sustancias químicas o farmacológicas contra su voluntad ni se le practiquen sujeciones físicas o mecánicas, y que tenga garantizada la asistencia sanitaria mediante unas bases comunes de «coordinación» para los gobiernos autonómicos, para «evitar lo ocurrido durante la pandemia».

Para proteger a aquellos con problemas de salud mental se «prohíbe expresamente prácticas coercitivas o involuntarias injustificadas, incluidos internamientos por razón de discapacidad, e impone garantías procesales reforzadas», siendo necesario su «consentimiento libre e informado». «Posiblemente sea la reforma social de mayor calado de esta legislatura», mantuvo Bustinduy.

«No solo busca dejar atrás la época oscura de los recortes y el inmenso dolor social que generó, sino sentar las bases de un sistema público universal que consagre el derecho de la ciudadanía al bienestar».