El tribunal deja en manos de la Fiscalía la decisión de expulsar de la carrera a García Ortiz

Desde este prisma, a la mayoría del tribunal le parece que, desde una perspectiva estrictamente penal, «es proporcionada esa acotación». Añade el ponente Andrés Martínez Arrieta que no es necesario ser fiscal para alcanzar la titularidad de la Fiscalía General del Estado, por este motivo «no nos corresponde dilucidar las consecuencias extraprocesales de la condena, que se mueven en otro plano; tan solo constatamos que penalmente esa extensión limitada a ese cargo nos parece proporcionada revelándose como excesiva su proyección a otros», asegura.

Con esta argumentación, los firmantes de la condena a García Ortiz dejan en manos del Ministerio Público las consecuencia de la ejecución del castigo, aunque sostengan como opinión que sería excesivo si la misma pena conllevara además su expulsión de la carrera profesional, como a partir de ahora se va a poner encima de la mesa.

Y es que según el artículo 32.4 del reglamento del Ministerio Fiscal, relativo a la causa de la pérdida de la condición de fiscal, la pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o la condena por delito doloso, como ha sido la revelación de datos reservados, supone la salida de la institución por motivos disciplinarios.