El precio de aspirar al poder en Colombia: amenazas, secuestros y atentados

Ser precandidato a la presidencia colombiana supone hoy poner la vida al borde de un abismo. La política es una profesión de alto riesgo en este país que obliga a llevar chaleco antibalas y varios guardaespaldas, poseer un coche blindado, olvidarse de coger el transporte público o frecuentar restaurantes, tomar caminos distintos cada día o limitar los desplazamientos.

Y, por supuesto, abstenerse de dar discursos en plazas públicas. A siete meses de los comicios legislativos y nueve de los presidenciales, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha registrado este año más de cien casos de agresiones a políticos.

Casi el 70% fueron amenazas, el 16,4% atentados, el 10,4% asesinatos (11 en total), el 2,8% secuestros y cerca del 1% casos de violencia contra la mujer. La mayoría ocurrió en Bogotá, Huila y Antioquía.