Una defensa de la política

De entre todas las cosas desconcertantes del actual Gobierno, hay una que merece una reflexión de fondo: su idea de progreso. Para ellos, progresar parece consistir en aprender a convivir con la escasez, en normalizar que lo que antes era accesible hoy deje de serlo. Y no hablo solo de trenes que no llegan a su hora o de servicios básicos que ya no funcionan con la fiabilidad de siempre. Hablo del primer problema de los españoles, el que debería ocupar el centro de la acción política de cualquier Gobierno serio: la vivienda.

Tener un hogar en condiciones razonables no debería formar parte de ningún debate ideológico. Es una cuestión material, pero decisiva. Nada condiciona tanto una vida como el coste de la vivienda. De él dependen la emancipación de los jóvenes, la estabilidad de las familias, la posibilidad de formar un proyecto vital propio o, sencillamente, de vivir sin la sensación permanente de provisionalidad. Cuando el acceso a la vivienda falla, todo lo demás se aplaza: el empleo se acepta por necesidad, los planes se posponen y la vida entera queda suspendida.

Sin embargo, el Gobierno socialista lleva años abordando este problema desde un diagnóstico equivocado. Ha legislado como si la vivienda fuera un asunto de actitudes y no de oferta. Ha intervenido el mercado, ha anunciado controles y parches fiscales, pero ha evitado afrontar la raíz del problema: en España no se construye suficiente vivienda y, además, se tarda demasiado en hacerlo.