Rebajan la pena a dos de los condenados de La Manada por la 'ley del sí es sí'

Sentenciados por el Tribunal Supremo a cumplir 15 años de prisión por un delito continuado de violación -en un caso que sacudió a la sociedad española, en parte por la primera sentencia en la que un juez calificaba los hechos como «jolgorio»- los conocidos como La Manada de Pamplona llevan siete años y siete meses en un centro penitenciario.

Con más de 1.400 rebajas de pena desde que entró en vigor, la 'Ley de garantía integral de la libertad sexual' sirvió a Prenda y Escudero para solicitar que sus condenas se reduzcan un año, como ya sucedió con otro de los cinco miembros de La Manada de Pamplona, Ángel Boza, nacido en 1991 y con antecedentes penales. Los otros dos agresores, Antonio Guerrero, ex guardia civil en prácticas nacido en 1989, y Alfonso Cabezuelo, no han solicitado aún la disminución de sus penas, aunque uno de ellos, el exmilitar Cabezuelo, nacido en 1988, aseguró en el pasado que no lo haría.

La petición de Boza, el primero que se acogió a lo más favorable para el reo, medida aprobada en la nueva ley, fue concedida por el Tribunal Superior de Navarra y ratificada en julio de 2024 por el Tribunal Supremo, la última instancia que había incrementado la pena de nueve a quince años, cuando decidió sobre el caso, en 2019. Entonces les atribuyó las agravantes de actuación en grupo y trato vejatorio y reprendió a la Fiscalía por no acusar el hecho como repetidas agresiones sexuales, una por cada penetración bajo intimidación ambiental, en vez de un solo delito.