Ocho de cada diez abortos se hacen en clínicas privadas «incumpliendo» la ley

La razón del mantenimiento de este desfase, según avanzó Mónica García hace ya varios días, es que hay muchas autonomías (las gestoras de la prestación sanitaria) que están «incumpliendo» el contenido de la ley de 2023, que exige a todas las administraciones que garanticen que las ciudadanas pueden someterse a los abortos en los hospitales públicos y, además, que se practiquen en centros lo más próximos posibles a su lugar de residencia.

Lo cierto es que, según los datos dados a conocer por Sanidad, hay cinco autonomías, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia, así como las ciudades de Ceuta y Melilla, de las que se puede decir que no realizan ni una sola interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos, pues su tasa de desvío de casos a clínicas privadas oscila entre el 99,07% de Murcia y el 100% de Extremadura.

De igual forma, hay otras tres (Aragón, Asturias y el País Vasco) que no llegan ni al 5% de actuaciones en la sanidad pública y la Comunidad Valenciana se queda en el 10%. García indicó que se trata de cifras «inaceptables» y subrayó el caso de Madrid, que de los 162.000 abortos practicados en la última década solo hizo 177 en centros públicos.