Los retos de la nueva vicepresidenta: impuesto energético, relación con las empresas y fin de la nuclear

La nueva ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, tendrá poco tiempo para acomodarse en su despacho del departamento que hasta ahora dirigía Teresa Ribera por la cantidad de asuntos que su antecesora le ha dejado encima de la mesa para tener que resolver. Y no tendrá demasiado tiempo. Semanas, más que meses, para desenmarañar uno de los grandes conflictos que ha atormentado a Ribera en los últimos tiempos: la prórroga del gravamen energético a partir del 1 de enero.

No será el único laberinto que Aagesen, habituada a las complejas negociaciones en la Comisión Europea -como la que realizó para sacar adelante la excepción ibérica en la crisis de precios energéticos- deberá dilucidar una vez tome posesión en el cargo. Porque sobre la hasta ahora Secretaria de Estado de Energía se encuentran centradas todas las miradas del sector energético, cuyas relaciones se han ido deteriorando en parte con Transición Ecológica, con decisiones clave como aclarar el futuro de las centrales nucleares.

La reforma fiscal aprobada el pasado jueves en el Congreso in extremis con el pacto acordado entre los socios de Gobierno (PSOE y Sumar) con los de la investidura (ERC, PNV, Bildu, Junts) dejó apartada la posibilidad de prorrogar el impuesto energético que ha estado en vigor desde el verano de 2022. En las próximas semanas, una comisión que integrará a los distintos grupos parlamentarios tratará de consensuar una fórmula para que este gravamen siga en vigor a partir del 1 de enero de 2025, como así va a ocurrir con su hermano, el gravamen bancario.