La regularización, una cuestión de derechos

Esa irregularidad la heredan sus hijos e hijas, niños y niñas cuyo derecho a la salud o la educación -aunque sobre el papel, según la legislación vigente, sean los mismos que para el resto de la población infantil en España- se ven comprometidos por una situación administrativa irregular que los expone a una mayor vulnerabilidad.

También queda limitado su acceso a la protección social, mientras aumenta el riesgo de explotación, abuso y exclusión social. La incertidumbre asociada a su estatus migratorio les puede generar estrés, ansiedad, deterioro de su bienestar emocional y, en definitiva, todo lo que supone la falta del entorno seguro, estable y predecible que cualquier niño necesita para crecer.

Es por ello que la regularización extraordinaria de personas migrantes es una cuestión de derechos, puesto que contribuirá a promover la integración social de muchas personas vulnerables y a prevenir su marginación social. En el caso de la infancia, responde también a una demanda del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que viene recomendando desde hace tiempo que los países faciliten vías para la regularización de migrantes, en situación irregular, que residan con sus hijos e hijas.