La muerte de un inmigrante marroquí durante su detención provoca graves disturbios en Bolonia

La polémica se ha visto agravada porque se teme que con el último decreto sobre seguridad aprobado por el Gobierno de Giorgia Meloni será difícil que acaben siendo investigados los dos agentes implicados en la muerte de Fakir, que tenía una empresa de mudanzas y residía desde hace años legalmente en Italia.

También podrían ser acusados los cuatro sanitarios que acudieron al lugar de la detención, pero que sólo intervinieron cuando les autorizaron los policías, como marcan los protocolos. Entonces el hombre ya no daba señales de vida.

Tanto ellos como los miembros de las fuerzas de seguridad se beneficiarán del llamado «escudo penal» contemplado por el decreto del Ejecutivo, que introduce mayores garantías procesales cuando se actúa en cumplimiento del deber o en legítima defensa.