La jueza cita el 6 de mayo como imputado a Miguel Ángel Rodríguez por difundir datos de dos periodistas

Los hechos, en concreto, se remontan al contexto de las informaciones publicadas sobre Alberto González Amador, quien se encuentra procesado por un presunto fraude fiscal. En el marco de esa investigación periodística, los redactores acudieron a las inmediaciones del citado con el objetivo de recabar distintos testimonios. Allí, fueron interceptados e identificados por agentes de la Unidad adscrita de la Policía Nacional que prestan servicio de escolta a la mandataria autonómica.

Poco después de esta identificación, Miguel Ángel Rodríguez difundió en un chat las identidades y una fotografía de ambos periodistas, sosteniendo que estaban «acosando a vecinos» y a «menores». Según la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la información obtenida por los agentes tendría un carácter reservado y debería estar sujeta a un estricto deber de sigilo.

Ahora, la instrucción judicial busca determinar el canal por el cual datos obtenidos por una unidad policial acabaron en manos de un cargo político y si esa transmisión y posterior difusión, por parte de Miguel Ángel Rodríguez, constituyen una infracción penal.