La implantación de contadores inteligentes de gas supondrá un sobrecoste de 200 millones de euros para las distribuidoras

La patronal del sector considera imprescindible que la orden -cuyo plazo para presentar alegaciones terminó este lunes- contemple un mecanismo específico para su recuperación, que considere entre otras las tareas de retirada del contador analógico existente y la instalación del digital sustitutivo, «garantizando un despliegue sostenible para el sector y transparente para los consumidores».

Según los plazos que recoge el borrador del proyecto, ocho millones de hogares deberán sustituir sus dispositivos de medición entre 2028 y 2032. La asociación valora positivamente el ambicioso calendario que se ha marcado el Ministerio para la Transición Ecológica pero creen que debe ir aparejado a un despligue «flexible, eficiente y seguro», valoran desde Sedigas.

Además de la posibilidad de adaptar los plazos de sustitución en función de la disponibilidad de equipos, la evolución tecnológica y las características de cada territorio, la patronal ha puesto el acento en la necesidad de establecer un precio de alquiler para todo el parque de contadores digitales, más allá de los equipos de menor caudal instalados en puntos conectados a redes de baja presión y con un consumo inferior a 50.000 kWh/año que ya están regulados, y que se corresponden en su mayoría a los instalados en los hogares españoles.