Endesa e Iberdrola redoblan su presión al Gobierno e inician una guerra por los residuos nucleares

Desde 2024, ambas compañías mantienen con el Ejecutivo de Pedro Sánchez una batalla —hasta ahora dialéctica— sobre la actualización del importe que deben pagar las propietarias a la empresa pública por la gestión de los activos de las centrales. La normativa española y europea se basa en el principio de «quien contamina paga».

«Esto significa que quien genera cualquier tipo de residuo debe asumir su gestión», explican fuentes del sector a este periódico. «De ello se encarga Enresa, y las empresas implicadas costean un fondo para asumir ese gasto», añaden. En el caso de los desechos de esta industria, además de ser peligrosos, son muy costosos. «Hablamos de decenas de miles de millones», detallan.

Tras casi dos décadas sin actualizar la tasa, el Gobierno aprobó el séptimo Plan Nacional de Residuos Radiactivos, que implicaba un incremento del 30 % en esta conocida tasa. Aumento que tanto Iberdrola como Endesa rechazaron, amenazando con presentar una reclamación patrimonial que finalmente se ha hecho efectiva este mes de julio. «Subió por encima del techo acordado en el Protocolo de Cierres», defienden en el sector.