El Gobierno pide a Bruselas retrasar a 2027 el plazo para eliminar el abuso de temporalidad en lo público

A finales de abril la Comisión Europea lanzó a España un ultimátum y la llamó a aplicar correctamente la normativa comunitaria sobre temporalidad en el sector público y corregir las deficiencias detectadas sobre la discriminación de trabajadores temporales y el uso abusivo de estos contratos, dándole dos meses para contestar, un plazo que se cumplió el pasado lunes.

Con su respuesta, España pide tiempo para seguir dando pasos en la tarea de reducir las tasas altas de temporalidad en el sector público. El Estado español recordó, de igual manera, que «sentencias como la del 11 de mayo del Supremo han introducido elementos nuevos sobre el enfoque que la indemnización que hay que analizar, además de conocer exactamente cuántos trabajadores temporales están en situación de abuso en todas las administraciones públicas».

De esta manera, logra evitar a la justicia europea al menos por el momento y las cuantiosas sanciones que la Comisión le hubiera impuesto si no hubiera contestado.