España apura el plazo para responder a Bruselas sobre el abuso de temporalidad en el sector público

Con 625 millones de euros de los fondos europeos congelados por no reducir la temporalidad, España continúa con una tasa en torno al 32,2%, más de cuatro veces por encima del objetivo del 8% comprometido con Europa. Detrás de esta alta temporalidad está el efecto arrastre de comunidades autónomas y entidades locales, que continúan con tasas por encima del 38%, frente a la temporalidad del 4% de la Administración General del Estado.

Esta situación le costó a finales de abril a España un ultimátum de la Comisión Europea, que le llamó a aplicar correctamente la normativa comunitaria sobre temporalidad en el sector público y corregir las deficiencias detectadas sobre la discriminación de trabajadores temporales y el uso abusivo de estos contratos, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Bruselas dio dos meses de plazo a España para contestar e informar de las medidas desarrolladas para atajar la temporalidad. Sin embargo, no valdrá «cualquier contestación», recalca el abogado Javier Araúz, del despacho Araúz de Robles, que apunta que se deberá demostrar a Bruselas que se han adoptado medidas acordes con las últimas sentencias europeas en relación a la temporalidad. De lo contrario, el Gobierno se puede enfrentar a sanciones millonarias.