El Gobierno frena los cambios al RETA que habrían beneficiado a 47.000 mutualistas

El Ejecutivo ha utilizado la potestad que le otorga el artículo 134.6 de la Constitución para vetar propuestas legislativas con impacto en las cuentas públicas. Según el escrito de disconformidad, la enmienda habría supuesto un desembolso de 5.204 millones de euros. La proposición de ley en la que se enmarcaba tiene como objetivo que todos los mutualistas colegiados abandonen sus mutualidades y se integren en el RETA antes de 2028, poniendo fin a un modelo que durante décadas ha generado menor protección social que el sistema público.

La misma tijera cayó sobre otras iniciativas de otros grupos. Vox había propuesto ampliar la pasarela a jubilados, pensionistas y beneficiarios que en algún momento hubieran sido mutualistas, una medida que el Ejecutivo también rechazó. PP y Junts, por su parte, vieron vetada igualmente su propuesta de obligar al Gobierno a desarrollar el reglamento de la ley en un plazo máximo de tres meses, argumentando el Ejecutivo que la complejidad técnica y los medios disponibles hacen inviable ese calendario.

Más polémica resultó la enmienda con la que PP y Junts pretendían mantener vivo el régimen de mutualidades más allá de 2028, equiparándolo al propio RETA. El Gobierno la rechazó de plano por contradecir el espíritu de la ley y añadió un argumento económico: cada profesional colegiado que no se integre en el RETA supone, a lo largo de una carrera media de treinta años, unos 105.000 euros menos de ingresos para el sistema público.