El Gobierno decreta que los espacios públicos tengan «formatos accesibles» de información

El derecho a comprender la información que proporciona el entorno, como define el decreto a la accesibilidad cognitiva, busca la garantía plena de derechos de personas que tienen «dificultades de comprensión» y que puedan desenvolverse con autonomía.

«Estas actuaciones están dirigidas a personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral, así como a personas mayores con deterioro cognitivo, personas en situación de analfabetismo o personas migrantes que no dominan las lenguas del Estado», indica el ministerio de Pablo Bustinduy, que incluye sectores de telecomunicaciones o infraestructuras, sin especificar.

«La norma establece que han de garantizarse herramientas que faciliten la comprensión de la información y la comunicación como el lenguaje claro, la lectura fácil o sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. También recursos de orientación, como la señalización accesible y los pictogramas. Y, así mismo, soluciones tecnológicas que mejoran la comunicación, la orientación y la realización de tareas», explica el ministerio.