El Gobierno da luz verde a la obligación para pymes y autónomos de emitir facturas digitales

Sobre el papel, la trazabilidad que permitirá cada fase de la nueva factura –emisión, aceptación y pago– corregirá un problema que afecta especialmente a pymes y autónomos: la falta de liquidez provocada por retrasos sistemáticos. «Apenas el 20% de las grandes empresas de nuestro país pagan a tiempo, según los datos de la Comisión Europea», destaca el Ministerio de Economía.

La implantación de esta medida será progesiva atendiendo al tamaño de las pymes: un año para aquellas con una facturación superior a 8 millones de euros, y dos años para el resto. Las empresas podrán gestionar sus facturas electrónicas a través de plataformas privadas –que deberán estar interconectadas entre sí– o a través de la solución pública y gratuita que está desarrollando la Agencia Tributaria. Este plazo comenzará a computarse, según avanzó ayer el ministro Carlos Cuerpo, a partir de la publicación de la orden ministerial de Hacienda, prevista antes del 1 de julio de 2026.

No hay que confundir la obligación de facturar electrónicamente para luchar contra la morosidad que impulsa este departamento a partir de la Ley Crea y Crece con Verifactu, el sistema de la Agencia Tributaria que forma parte de la ley Antiafraude y que busca combatir la economía sumergida y garantizar la transparencia en la facturación, que depende del Ministerio de Hacienda y cuya entrada en vigor se pospuso a 2027 para dar más margen de adaptación a los colectivos afectados.