El Consejo de Estado emite un dictamen desfavorable al decreto de registro horario de Yolanda Díaz

El documento aprobado el pasado jueves por la Comisión Permanente del organismo presidido por la socialista Carmen Calvo aplaude el objetivo de la norma —evitar las horas extra impagadas mediante un sistema digital interoperable por la Inspección de Trabajo— pero acumula críticas de calado sobre su forma y su fondo, según adelantó hoy El País. El Consejo estima que el impacto económico de la medida no ha sido correctamente calculado y cifra el coste «inicial» en 867 millones de euros anuales para las empresas, al margen de la implementación, la formación y el mantenimiento.

Además, considera que el texto «no se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley», como se supone de una norma con rango reglamentario, sino que «impone nuevas obligaciones y cargas», invadiendo así el terreno legislativo. Es exactamente el mismo argumento que viene esgrimiendo la CEOE.

También advierte de que el proyecto no contempla las especificidades de determinados sectores, como la hostelería, los maquinistas de trenes o los porteros de fincas, y es especialmente severo en materia de protección de datos. Además, recoge las críticas de otros ministerios del propio Gobierno.