El Gobierno busca poner coto a los medios que viven de la financiación pública

El proceso que ahora se plasma en un texto normativa comenzó formalmente en mayo de 2024, cuando Sánchez comunicó su intención poner en marcha un plan de «regeneración democrática» nacido de su «reflexión» durante el inesperado retiro de cinco días al que se entregó cuando el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El presidente argumentó entonces que esa decisión evidenciaba la necesidad de defenderse de campañas de acoso y, al mismo tiempo, fortalecer el ecosistema informativo contra los bulos.

Ese planteamiento lastra de origen, a ojos del PP, la norma, que será sometida a consulta pública antes de regresar al Consejo de Ministros como proyecto de ley con las modificaciones pertinentes y de ser remitida al Congreso.

La base legal del texto es el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, en sus siglas en inglés) concebida en origen para proteger a la prensa de la influencia del poder político y fomentar el pluralismo en un contexto de auge de la extrema derecha, en el poder en varios países de la UE, y en el que Rusia busca desestabilizar, también con desinformación, a las democracias occidentales.