Cataluña ha abierto 529 expedientes sancionadores a propietarios inmobiliarios

El gobierno autonómico que preside el socialista Salvador Illa acordó el pasado septiembre con los Comunes la creación de un cuerpo de 100 inspectores inmobiliarios con el objetivo de controlar el cumplimiento de la Ley de vivienda. El Departamento de Territorio y Vivienda ha dado este jueves los primeros datos del trabajo realizado por esos inspectores, ante las críticas de los morados por la falta de sanciones a los grandes tenedores.

El balance es de 529 expedientes abiertos en aplicación de las disposiciones de contención de precios en el alquiler residencial fijadas por la Generalitat en 2025. Tres de cada cuatro de los expedientes se han abierto de oficio, es decir, a iniciativa de la unidad inspectora, mientras el cuarto restante responde a denuncias de particulares.

El 89% de los expedientes abiertos están en fase de diligencias previas, la primera del proceso, y un 10% ha sido ya archivado. La gran mayoría, el 79%, corresponde a infracciones por exceder el precio tope marcado por la administración autonómica. Una irregularidad a la que se suman otras prácticas prohibidas como repercutir los gastos de gestión inmobiliaria o la de formalización del contrato de alquiler.