Aprobada la reforma de la ley de dependencia y la financiación para reflotar el sistema

A pesar de que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha pedido en numerosas ocasiones unanimidad para una cambio que equipara al nacimiento de la educación pública o el sistema de pensiones, lo cierto es que finalmente solo ha logrado la abstención del Partido Popular. Así, la reforma de la ley ha salido adelante con 179 votos a favor; 33 en contra, los de Vox, y 137 abstenciones, del PP. La segunda, el decreto de financiación extraordinaria, lo ha hecho con 317 votos a favor y 33 en contra, los de Vox.

Esta reforma integral de las citadas leyes, trabajada durante años para tener en cuenta las enmiendas de un amplio arco parlamentario, supone, en palabras del ministro Pablo Bustinduy un «refundación» del modelo de cuidados en España. Con los nuevos planteamientos se ofrecen más servicios y prestaciones a personas con discapacidad o en situación de dependencia, apostando por un modelo de cercanía, no de macrorresidencias alejadas de los lugares de origen de los peticionarios de prestaciones.

Para alcanzar estos y otros objetivos, blinda la financiación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) incorporando en la ley la obligación de que el Estado asuma el 50% de la inversión. En contra de estas y otras medidas concretas votó el Partido Popular en la última comisión de Derechos Sociales. Ayer, el partido de la oposición se abstuvo en un gesto de no oponerse de lleno al cambio que impulsan los socios de Gobierno de Pedro Sánchez.