Las subidas a los alquileres previos a 2023 abren otro frente en el Gobierno

La subida de los precios del alquiler fue limitada en 2022 y 2023 al 2%, una medida que el Gobierno adoptó para contrarrestar la inflación desbocada causada por la invasión rusa de Ucrania. En 2024 este tope se elevó al 3% y este año entró en vigor el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), que tiene como objetivo evitar las actualizaciones abusivas y desliga los arrendamientos del Índice de Precios al Consumo, y que este ejercicio ha limitado las actualizaciones de la renta al 2,2%.

Las desavenencias en el Ejecutivo llegan ahora a causa de los vencimientos de contratos que afectarán en los próximos meses a cerca de 300.000 familias, y que al firmarse antes de la entrada en vigor de la Ley que establece el IRAV no estarán ya sujetos ya a limitación alguna en el incremento de las rentas. Tanto PSOE como Sumar están de acuerdo en la necesidad de intervenir, pero difieren en la forma de hacerlo.

Según alertó ayer el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, «cientos de miles de familias en España viven con la angustia de que cuando tengan que renegociar sus contratos se encuentren con subidas del 30 al 40 o al 50% por ciento respecto a lo que pactaron hace cinco años». La alternativa a no aceptar las nuevas condiciones es quedarse en la calle. Sumar aboga por «una intervención jurídica inmediata con la confianza de que pueda haber luz cuanto antes».