Las deportaciones ponen en riesgo el apoyo hispano a Trump en unas elecciones cruciales

Suárez había entrado legalmente en EE UU, tenía una petición de asilo pendiente, permiso de trabajo y carecía de antecedentes penales, aunque su periodo de admisión había expirado. El Departamento de Seguridad Nacional explica a este medio que eso permitía iniciar su deportación. Gannon sigue defendiendo que se expulse a delincuentes, como prometió Trump en campaña, pero rechaza que la ofensiva migratoria alcance a personas como su prometida. «Están destruyendo familias y empleos», asegura.

Su caso es solo una historia más de muchas, pero refleja una tendencia que empieza a inquietar a los conservadores. En el ejercicio fiscal de 2026, que ya acaba, más de 350.000 personas han sido expulsadas o devueltas por las autoridades migratorias estadounidenses, mientras las detenciones del ICE llegaron a superar las 46.000 mensuales durante el verano.

Muchos de los afectados no tienen antecedentes penales, y ahí está precisamente el problema para el Partido Republicano en año electoral: una parte de los hispanos que votó por Trump apoyaba mano dura en la frontera y la deportación de delincuentes, pero no necesariamente operaciones amplias contra trabajadores y familiares suyos asentados desde hace tiempo en el país, muchos de los cuales entraron de forma legal y esperaban obtener asilo o permiso de permanencia.