Las comunidades del PP plantan al Gobierno en la reunión sobre menores inmigrantes

La primera comunidad en pronunciarse ha sido la Comunidad de Madrid. Su consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha informado de que no iba a acudir a la reunión porque considera la convocatoria «ilegal» y ha asegurado que la Comunidad de Madrid no participará en la política migratoria «temeraria» de Pedro Sánchez. Ha cargado con dureza contra el Ejecutivo central al acusarle de querer «prolongar el reparto forzoso de menores como si fueran paquetes y en contra de su voluntad».

Asimismo, la consejera madrileña ha explicado que su ausencia en la Conferencia Sectorial de Infancia responde a que la convocatoria carece de validez jurídica porque «el orden del día fue rechazado en la comisión sectorial previa por la mayoría de las comunidades autónomas». En concreto, se refiere al día un punto relativo a la capacidad de acogida y eventual reparto de menores migrantes. Estaba previsto que Rego informase a las comunidades sobre el número de plazas mínimas de las que deben disponer para la acogida de estos jóvenes.

Se trata de un real decreto que sirve de actualización de la medida que ya se aprobó el año pasado, en el mes de agosto, con idéntico procedimiento, y su paso por la Conferencia Sectorial debía ser meramente informativo. Está previsto que, posteriormente, pase por el Consejo de Ministros para ser aprobado por este órgano.