Las acusaciones se niegan a que Begoña Gómez pueda acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN

«Esta Acusación Popular Unificada sí se opone al desplazamiento a la ciudad de Londres (...); y sí se opone, igualmente, al desplazamiento a la ciudad de Ankara», esgrime el documento que remitieron la titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Para sostener su postura, utilizan cinco argumentos: el riesgo de fuga -motivo por el que el propio juez, en un polémico auto, decidió poner en marcha las medidas cautelares que obligan a Gómez a no salir de España, entregar su pasaporte y comparecer de manera quincenal en sede judicial-, quedaría fuera del «control institucional», existe menos «cooperación» con Reino Unido en caso de que fuese necesario interponer una euroorden, la pena de cárcel a la que se enfrenta (24 años por cuatro delitos relacionados con la corrupción) y la falta de un documento que acredite que «el acto de graduación invocado vaya a celebrarse en Londres en las fechas indicadas».

En el documento que presentaron ante el juez instructor del caso, la acusación expone que la figura de «primera dama» carece de cualquier reconocimiento jurídico o función institucional en España, por lo que la invitación al «programa paralelo» de la cumbre es un acto privado y voluntario que no genera ninguna obligación oficial para la investigada.