La prioridad nacional de Vox acaba en la Fiscalía por retirar la paga a menores migrantes en Aragón

La Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia ha ordenado eliminar las pagas semanales que hasta ahora recibían estos jóvenes que se encuentran dentro del sistema de acogida autonómico. Según el Ejecutivo regional, estas asignaciones carecían de un soporte reglado, se abonaban de forma fija —17 euros semanales por menor— y suponían un coste anual de unos 180.000 euros con cargo al Presupuesto.

La medida forma parte de las auditorías internas de gasto que está realizando el departamento de Alejandro Nolasco y, según defienden desde la consejería, responde al principio de «prioridad nacional», al destinar esos recursos a atender primero las necesidades de los ciudadanos españoles. En este sentido, el vicepresidente aragonés ha defendido que los 180.000 euros que hasta ahora se empleaban en estas asignaciones «equivalen al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias».

La decisión ha llevado al Ministerio de Juventud e Infancia a remitir un oficio a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores para que valore si los hechos pueden constituir una vulneración de los derechos fundamentales de los menores tutelados. Sostienen que la medida establece una diferencia de trato entre menores bajo la tutela de la misma administración en función de su origen, al retirarse la asignación a los menores migrantes mientras se mantiene para aquellos con nacionalidad española.