La OCDE reprende a España por la fragmentación política y la falta de medidas contra la corrupción

«Si bien la proporción de denuncias relacionadas con la corrupción en la contratación pública ha disminuido del 11% al 7,2% en 2021, han surgido varias denuncias de corrupción en los últimos años», alerta la institución, que recomienda la plena implementación de la Estrategia Nacional de Contrataciones Públicas 2023-2026, un mayor uso de las contrataciones electrónicas y la creación de una plataforma unificada de datos abiertos para facilitar un mejor seguimiento y rendición de cuentas.

«A pesar de las reformas legales, la percepción pública de la corrupción en España sigue siendo alta y se ha deteriorado con el tiempo», señala el organismo, recordando que, hasta hace poco, España carecía de una estrategia concreta en materia de anticorrupción. El 9 de julio de 2025, el Gobierno anunció su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción con 15 puntos, con medidas que, si se implementasen eficazmente, servirían para abordar los desafíos planteados.

La OCDE menciona con especial interés la regulación sobre los denominados grupos de interés. «España carece de un marco regulatorio vinculante que defina claramente a los lobistas y sus actividades, así como de un organismo supervisor que supervise la transparencia de las actividades de lobby». «Además, no existe un registro de lobistas que divulgue información relevante sobre ellos, con un progreso lento de la normativa hasta la fecha», indica.