La acusación popular carga contra Ábalos: «Es una organización criminal que se aprovecha del poder político para sacar beneficio»

En un relato que disecciona uno por uno el uso de las instituciones para, presuntamente, fines privados, el abogado detalló cómo la red no solo desvió fondos a través de pagos en metálico —referenciados en la causa como «chistorras»—, sino que también costeó una vida de privilegios que incluía el alquiler de «viviendas» para la pareja del ministro, Jésica Rodríguez, y la colocación de esta en empresas públicas como Ineco o Tragsatec.

La acusación mantuvo que, mientras la administración se volcaba en favorecer a empresarios como Víctor de Aldama, se ignoraban las alarmas de los técnicos sobre la solvencia de los contratos, configurando un escenario de «corrupción sistémica» ejecutada en plena crisis sanitaria.

Durán, a lo largo de las dos horas que ha durado su alegato final, ha desgranado el «reparto de responsabilidades» de una trama donde «Ábalos hacía lo más grande, puesto que se encargaba de abrir las puertas necesarias», mientras Koldo García ejecutaba las gestiones y Víctor de Aldama se «incrustaba» en el Ministerio con información privilegiada.