Extremadura y Galicia se unen en el rechazo a la financiación singular de Cataluña

El 14 de julio de 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Salvador Illa pactaron un modelo de «financiación singular» para Cataluña. El acuerdo -exigencia de ERC para apoyar la investidura- permitirá que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude el 100 % de los tributos regionales, empezando por el IRPF en 2026, y que gire al Estado una “cuota de solidaridad” por los servicios comunes.

Para un liberal, la descentralización fiscal tiene virtudes evidentes: obliga al gobernante a competir por atraer capital y talento, genera laboratorios de políticas públicas y acerca la decisión al ciudadano. Cuando quien legisla y gasta es también quien recauda, el contribuyente puede comparar resultados y “votar con los pies”. La competencia jurisdiccional expande realmente la libertad y castiga la ineficiencia.

Pero esa competencia sólo funciona si autonomía y responsabilidad van de la mano. Cada comunidad debería vivir de sus propios impuestos, pagar íntegramente sus servicios y, en su caso, contribuir a la solidaridad conforme a reglas transparentes. Socializar el gasto mientras se privatiza la recaudación desincentiva la prudencia y alimenta la narrativa del “expolio” que todo lo justifica.