El TC sentencia que un imputado preso en una causa secreta debe saber las «pruebas esenciales»

La corte de garantías tiene establecida una doctrina desde el año 2017, con base en el Derecho de la Unión Europea, relativa al derecho a la información en los procesos penales y su transposición a la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, acerca del derecho del investigado en un proceso penal a conocer cuáles son los hechos y las razones que le incriminan y en su caso motivan una privación de libertad cautelar.

También se recoge el derecho de poder acceder él y su defensa letrada a los elementos esenciales de las pruebas que fundamentan tal medida, justamente para poder impugnar su legalidad, ya se trate de una detención o de un auto de prisión provisional, incluso en causas penales declaradas secretas conforme a la ley.

Respecto al derecho de acceso a los «elementos esenciales» de las actuaciones, dicha doctrina había venido precisando cuáles eran las pruebas de las que debe informarse al investigado, mencionando al respecto diversas diligencias propias de la fase de instrucción, tanto documentales como personales. Sin embargo, la Sala Primera del TC ha constatado que algunos tribunales penales han efectuado una interpretación errónea de esta doctrina, entendiendo que solo hay que indicar al investigado el tipo o clase de prueba de manera genérica, pero no su contenido efectivo.