El Supremo considera vulnerados los derechos de una familia que sufrió 60 protestas ante su casa por una antena

En una sentencia, recogida por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo declara nula la actuación administrativa de la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas ante la denuncia de la familia, a quien espetó que como no había habido incidentes de orden público que hubieran puesto en peligro la seguridad ciudadana o perturbado su desarrollo, no había razones para la prohibición de las manifestaciones.

El Supremo revoca así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que desestimó el recurso de la familia contra la comunicación que dio a su denuncia la Subdelegación del Gobierno.

Además, fija como respuesta a la cuestión de interés casacional planteada en el pleito que «el ejercicio del derecho de reunión y manifestación puede verse limitado por otros derechos fundamentales y que la autoridad gubernativa debe ejercer las facultades que le confiere la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, de manera que concilie unos y otros cuando sea evidente el conflicto y el perjuicio que de otro modo se causará».