El juicio al fiscal general del Estado, sin salida

El interés de la Hacienda pública es que un defraudador pague. Es lo único que permite resarcir el daño a los recursos de todos. Que pague, además, con multa e intereses. Por ello son frecuentes los acuerdos privados entre Hacienda y aquel que es descubierto con impago. Es lo lógico y lo que exige el bien público. El juicio y las penas, que pueden ser de cárcel, son solo el recurso último para el reincidente, para el que se niega a pagar, para el defraudador contumaz.

Cuando una inspección rutinaria descubrió que un empresario había infringido, con toda probabilidad, sus obligaciones fiscales, se inició el proceso habitual, que incluye amenaza y presión, para entrar en la senda ortodoxa de buscar el pago, con multa e intereses incluidos.

Pero en algún momento de este proceso, alguien se dio cuenta de que el empresario involucrado era el novio de Isabel Díaz Ayuso, y ahí todo cambió. Esta es, de hecho, la primera filtración, la que puso en alerta al Gobierno y la Fiscalía. Y lo que mandó frenar cualquier amago de acuerdo. Necesitamos un juicio en la casa de enfrente, aunque sean vulnerados los derechos de un ciudadano privado.