El Gobierno retomará en septiembre la tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero

El ministro detalló que la iniciativa responde a un «un derecho de los ciudadanos» y su objetivo es resolver las reclamaciones de los clientes de una cuantía inferior a 20.000 euros, en un plazo máximo de 90 días y sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, sus resoluciones serán vinculantes. «Va a permitir fortalecer ese vínculo de confianza entre clientes y entidades», apuntó Cuerpo.

Un nuevo texto para este proyecto de ley fue aprobado en Consejo de Ministros en marzo de 2024, ya que el redactado durante la anterior legislatura decayó con la convocatoria electoral de julio de 2023.

A pesar del apoyo de las plataformas y asociaciones de mayores y usuarios, la iniciativa no cuenta con el beneplácito del sector de la banca. La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindalán, señaló que España ya cuenta con organismos que cumplen esa función, aunque se puedan mejorar con mayor transparencia o celeridad. «Entendemos que en este momento en el que estamos buscando una simplificación del marco supervisor no es el de una nueva autoridad», aseguró.