Carta abierta a la alcaldesa de Jumilla

Sus argumentos no resisten un análisis ético ni democrático. Negar a un colectivo el ejercicio pacífico de su fe, en un espacio donde no se vulnera la seguridad ni el orden público, es un acto discriminatorio que contradice principios constitucionales y derechos humanos básicos. Presentar esta prohibición como una medida «de convivencia» es, en realidad, encubrir una vulneración de libertades fundamentales.

Resulta especialmente grave que, al mismo tiempo, Jumilla se beneficie de la mano de obra extranjera —incluida la musulmana— para sostener uno de sus motores económicos: la viticultura. No se puede reclamar el esfuerzo de estas personas para levantar cosechas y, al mismo tiempo, negarles dignidad, respeto y libertad religiosa. Esa incoherencia no solo es injusta, sino que daña la reputación de la ciudad y de sus productos.

Como promotora de la calidad de los vinos murcianos en el extranjero, siempre he sido embajadora orgullosa de lo que producimos. Sin embargo, me resultaría incompatible seguir haciéndolo mientras el Ayuntamiento mantenga políticas con tintes racistas y excluyentes. La riqueza de Jumilla no se mide solo en botellas exportadas, sino en el respeto y el trato igualitario hacia todos sus vecinos. Le insto a reconsiderar esta postura, no solo por justicia, sino por la imagen y el futuro de Jumilla como comunidad abierta, acogedora y verdaderamente humanista.