Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí, Enrique Fernández e Isaac Pola, responsables políticos del accidente en la mina de Cerredo

Durante la presentación del borrador, que ahora deberá someterse al debate de los grupos parlamentarios, que podrán plantear sus propias propuestas, Tomé fue muy tajante al rechazar que la explosión de grisú en la mina de Degaña se pudiera considerar un accidente en sentido estricto ya que, dijo, un accidente es algo «inevitable» e «imprevisible», mientras que en este caso la parlamentaria entiende que hubo «una cadena de decisiones administrativas deficientes, de omisiones de control y de una actividad de extracción clandestina deliberada y prolongada en el tiempo» que «se pudo detectar y que se pudo prevenir».

Subrayó además que, de haberse cumplido los proyectos de cierre y restauración —que preveían el «tapiado de todos los accesos»—, «evidentemente el accidente no hubiera tenido lugar». E, incluso, añadió que si el siniestro de 2022 se hubiese considerado infracción «muy grave», habría supuesto el «cierre inmediato de la mina» y, por tanto, «se hubiese evitado el accidente de 2025».

Los cargos políticos concentran, en primer término, las principales responsabilidades por fallos de supervisión y control.