40.000 personas con discapacidad estudian «segregadas» en escuelas especiales en España

En Septiembre de 2014, el Comité recibió información de la organización de personas con discapacidad (SOLCOM), que sostenía «violaciones graves y sistemáticas» del derecho a la educación a personas con discapacidad especialmente del tipo intelectual o psicosocial, con trastornos del espectro autista, hiperactividad y déficit de atención o con discapacidad múltiple. A partir de ese momento, se inició un proceso para indagar sobre la demanda de la organización que finalizó con la redacción, en 2017, de un crítico dictamen.

Tras examinar la política educativa del estado Español, se ha llegado a la misma conclusión. Los hallazgos del nuevo informe de 20 páginas, fechado el 22 de marzo de este año, destacan que España incumple sistemáticamente las recomendaciones de la Convención -tratado internacional de derechos humanos ratificado por el Estado parte- y que, aunque en los textos legislativos españoles se hable de inclusión educativa, esta no es efectiva.

El reconocimiento del valor de la educación inclusiva forma parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el gobierno español lo ha tenido en cuenta dentro de su estrategia, incluyendo el desarrollo del plan previsto en la disposición adicional cuarta de la LOMLOE de 2020, con el que se pretende que en el plazo de diez años, los centros ordinarios dispongan de «los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».