Un Gobierno bajo sospecha: Ceuta y la ley de nietos

Sin embargo, aunque estas leyes fueron aprobadas con bastante consenso político, la 'ley de nietos' ha dado lugar a una extraordinaria polémica entre quienes denuncian que se pretende un fraude electoral y quienes afirman que el Tribunal Supremo ha dado un golpe judicial al suspender cautelarmente la inscripción en el censo electoral de un buen número de los nacionalizados por esta vía. No comparto ninguna de las dos apreciaciones.

Jurídicamente, el objeto controvertido es muy claro: la Dirección General de Fe Pública -dependiente del Ministerio de Justicia- al aprobarse la 'ley de nietos' dictó una Instrucción -que es una disposición para precisar el procedimiento administrativo, pero que en ningún caso puede innovar el ordenamiento jurídico- en la cual se corrige abiertamente lo dispuesto por la ley.

En especial, esa Instrucción se inventa un supuesto no previsto en la ley y establece una presunción de la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de nuestro país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Nada de eso estaba en la ley e, incluso, en el debate parlamentario se rechazó una enmienda alineada con lo que luego se ha recogido en la Instrucción.