Sánchez intenta «pacificar» la Fiscalía sin cejar en la batalla contra la «derecha judicial»

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, esperó ayer a que el jefe del Ejecutivo regresara, a primerísima hora de la mañana, de la cumbre UE-Unión Africana en Luanda (Angola) para recibir su visto bueno a la decisión de llevar al Consejo de Ministros esta propuesta, bastante alejada del ánimo de revancha que reclamaban muchos en el PSOE tras concerse el fallo del alto tribunal, que el pasado jueves condenó al máximo responsable del Ministerio Público, Álvaro Gacía Ortiz, por revelación de información reservada en el proceso por fraude fiscal contra el novio de Isabel Díaz Ayuso.

Bolaños lo obtuvo; pulgar hacia arriba.

Como su antecesor -que, en contra de lo previsto inicialmente por el Ejecutivo, seguirá en el cargo hasta que se consume el relevo-, la elegida pertenece a la Unión Progresista de Fiscales, de la que también fue presidenta. Tiene además una dilatada trayectoria en la lucha contra la violencia de género. El Gobierno hizo ayer hincapié en que es considerada una de las «grandes impulsoras» de la especialización judicial en esta materia y ese dato supone en sí mismo una declaración de intenciones, en pleno duelo con la ultraderecha negacionista.

Sin embargo, Peramato -con un perfil similar al de María José Segarra, la primera fiscal general nombrada por Sánchez tras la formación de aquel «Gobierno bonito» que constituyó tras la moción de censura de 2018- goza de un respeto que ni García Ortiz, fiscal de provincias especializado en medioambiente hasta que Dolores Delgado lo nombró jefe de la Secretaría Técnica, ni ésta, que llegó a la Fiscalía General directa desde el Ministerio de Justicia sin haber alcanzado previamente la cúspide de la carrera, tuvieron nunca entre sus compañeros de profesión.