Presión a la universidad privada

En manos de las autonomías está abrir o no siete universidades, cuatro de ellas con el informe contrario de los técnicos del ministerio, ratificado luego por la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), en la que están los gobiernos autonómicos. Y a otras ocho iniciativas se les va a aplicar el decreto endurecido.

Es decir, tendrán que aprobar un informe previo de la agencia de calidad local o nacional (ANECA). El problema radica en que el dictamen de la CGPU que se elabora no es vinculante y los parlamentos regionales aprueban universidades que no han certificado una calidad mínima.

Ahora los campus tendrán que llegar a los 4.500 alumnos en seis años, demostrar solvencia financiera o lograr el 2% de los fondos en concursos competitivos. El decreto de 2021 obliga, además, a invertir el 5% del presupuesto en investigación, a garantizar una plantilla estable o contar con dos programas de doctorado (ahora van a ser tres).