Las claves de la tributación del salario mínimo

Difícilmente lo podía haber hecho peor el Gobierno este martes en su manera de aprobar el aumento del SMI, combinándolo con el anuncio de que tributará en el IRPF y con el añadido de un choque en directo entre dos ministras. Es un gran error en las formas, y con elevado coste político, pero desde el punto de vista de fondo, la decisión de la tributación del salario mínimo es más defendible.

De entrada, porque los 16.576 euros anuales de ahora ya no son aquellos 10.290 euros del 2018, cuando su papel en la economía era mucho más limitado, mientras que ahora ya suma un montante modesto pero considerable, en el entorno del 60% del salario medio. Además, el SMI llega a más de 2,5 millones de personas. Es decir, si se sigue la tendencia de subir el mínimo exento se iría excluyendo cada vez a más asalariados de los deberes tributarios.

Por otro lado, el impacto presupuestario de esta exención aumenta. En este caso, hubiera supuesto, entre 1.000 y 1.500 millones de euros de pérdida de recaudación, según los cálculos que se barajaron en las reuniones del comité de expertos del SMI. Una cantidad respetable a la que se llega porque sus beneficiarios no son solo los perceptores del SMI, sino que, al aumentar el mínimo exento, se benefician todos los contribuyentes. Esto también plantea un interrogante sobre el criterio distributivo porque el beneficio es generalizado, para todos, rentas bajas y altas.