Las audiencias provinciales ya avisaron de «fallos técnicos y manipulación» de las pulseras antimaltrato

Unas apreciaciones de las comisiones territoriales que, medio año después de su difusión, han vuelto a la agenda mediática tras la polémica política y judicial generada por la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Un documento conocido el pasado 5 de septiembre en el que se admiten fallos en las pulseras antimaltrato después de una pérdida de los datos anteriores al 20 de marzo de 2024, en pleno proceso de migración entre la antigua compañía que gestionó el servicio, Telefónica, y la nueva adjudicataria, la UTE formada por Vodafone y Securitas.

Esta pérdida de los datos de geolocalización de los dispositivos de seguimiento, que llevan por orden judicial tanto las víctimas como sus presuntos agresores, unos 4.500 en la actualidad, ha tenido consecuencias negativas en el 1% de los casos, unos 45. En concreto, ha habido una repercusión directa en los procedimientos judiciales abiertos por delitos de quebrantamiento de la orden de alejamiento, «provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios» por la falta de esta información, según la memoria de actividad del año 2024 de la Fiscalía General.

Con estos datos encima de la mesa, los órganos provinciales aseguraron además en sus conclusiones del pasado marzo que, «teniendo en cuenta que los dispositivos presentan fallos técnicos por localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados, es necesario que se revisen y corrijan las disfunciones a fin de evitar la desprotección de las víctimas».