La responsabilidad del Gobierno

La democracia española conserva dos peculiaridades bastante absurdas que revelan su juventud y su origen. Una es la llamada «jornada de reflexión», que impide a los candidatos explicar sus propuestas el día anterior a las elecciones, precisamente un día que puede ser determinante para muchos votantes indecisos. La otra es esa costumbre de evitar la petición de responsabilidades inmediatamente después de una catástrofe.

Ha vuelto a ocurrir esto último tras el accidente de trenes en Adamuz. «Ahora es el momento de las víctimas», decían los políticos y, sorprendentemente, muchos periodistas para justificar la espera en la exigencia de responsabilidades, como si una cosa fuera contradictoria con la otra.

La exigencia de responsabilidades en una democracia no tiene nada que ver con el señalamiento de culpabilidad. Se trata únicamente de dar satisfacción política y moral por un fallo grave ocurrido en el área de competencia del Gobierno. Es lo que en las democracias anglosajonas se entiende genéricamente como accountability. Al exigir responsabilidades no está culpando al Gobierno por la tragedia ocurrida. Se está pidiendo una reacción por un fallo ocurrido en el ámbito en el que el Gobierno tiene la potestad de actuar.