La ley de violencia vicaria prevé retirar la patria potestad a padres condenados

La finalidad de este proyecto de ley es «visibilizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria». Para ello, se modifican hasta diez normas: la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley del Registro Civil, el Estatuto de la víctima de delito, y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Entre las novedades más destacadas respecto al primer texto, que llegó al Consejo de Ministros en septiembre de 2025, se encuentran el automatismo en la retirada de la patria potestad, la modificación de la estrategia penal y la obligatoriedad de escuchar a los menores en los procesos de custodia.

El nuevo texto establece la privación automática de la patria potestad en el momento en que exista una sentencia condenatoria firme por delitos graves de violencia de género o cometido sobre los menores. Asimismo, prevé la posibilidad de acordar la privación de la patria potestad en caso de indicios fundados de violencia o de progenitor incurso en proceso judicial por determinados delitos. Desde el Ministerio de Igualdad se ha reconocido que el encaje de esta medida «no ha sido fácil», pero se ha defendido que es una propuesta «justa».