La Audiencia Nacional admite el recurso del sindicato policial contra el centro de acogida del puerto de Ceuta

La acción judicial impugna directamente la resolución o directiva dictada el pasado 5 de septiembre de 2026 por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, mediante la cual el Departamento que dirige Óscar Puente asumió la ocupación de unos 16.000 metros cuadrados del dominio público portuario para instalar carpas y pabellones de emergencia.

En su escrito de acuerdos, la Audiencia Nacional requiere formalmente al Ministerio de Transportes para que, en un plazo improrrogable de veinte días, ordene la remisión a la Sala del expediente administrativo completo, debidamente foliado, indexado y con copia autenticada de todas las actuaciones. Asimismo, la resolución judicial impone al Ministerio el mandato de emplazar en el plazo de cinco días a todos los interesados en el procedimiento —entre los que se sitúan la propia Autoridad Portuaria y la Ciudad Autónoma— para que puedan personarse como demandados en un plazo de nueve días.

Esta admisión a trámite supone la apertura formal de la vía judicial ordinaria para examinar la legalidad de la maniobra del Ejecutivo central, en paralelo a los pronunciamientos que el tribunal ha ido emitiendo sobre las medidas cautelares y cautelarísimas solicitadas por los demandantes. El SUP ha venido denunciando que el dispositivo de recepción compromete la seguridad y la prevención de riesgos laborales de los agentes, al situar a miles de personas en una infraestructura crítica colindante con depósitos de combustible y la red de distribución eléctrica local.